En busca de una Justicia igualitaria

Diferentes organizaciones llevan casos al Palacio de Tribunales para asegurar el cumplimiento de los derechos. Foto: Fermín Koop

Todos los años se reciben más de 14.000 abogados en Argentina por lo que la carrera para ser un profesional del Derecho sigue estando entre una de las más elegidas. A pesar de ello, el acceso igualitario a la Justicia está lejos de ser el ideal. No todas las personas cuentan con las herramientas y la información necesaria para garantizar sus derechos, estando especialmente afectados los sectores sociales de escasos recursos.

Ante ello se multiplican las organizaciones de grupos de abogados con vocación de servicio que buscan revertir esta situación ofreciendo asistencia jurídica a las personas que no pueden acceder a ella. El trabajo se centra en difundir los mecanismos legales para reclamar los derechos de todos los ciudadanos y en promover la participación de la población en los procesos de decisión.

La Fundación Microjusticia es una iniciativa formada por profesionales universitarios que surgió a nivel internacional y desde abril de 2010 está presente en Argentina. Su origen data de una organización holandesa que en la antigua Yugoslavia ayudó a inmigrantes refugiados a acceder a sus derechos básicos. A comienzos de 2007 comenzó a trabajar en Bolivia y al año siguiente llegó a Perú.

“Para empezar a trabajar realizamos una alianza con FIE Gran Poder, una institución de microfinanzas productivas. Nos faltaba el lugar donde trabajar y ellos nos ofrecieron instalarnos en sus oficinas, las cuales están ubicadas en barrios marginales del conurbano y de la Ciudad”, afirma Juan Segundo Bellocq, miembro del Consejo de Administración de la organización.

Microjusticia ofrece servicios legales individuales, principalmente en materia de ciudadanía, identidad, propiedad e inscripción y actualización registral. Además, promueven el empadronamiento legal de personas marginadas mediante la protección y el acceso a los derechos básicos.

Todos los sábados de 9 a 13 un grupo de voluntarios se instala en una de las sedes y recibe consultas de los vecinos. Durante la semana, los agentes de FIE recorren los barrios y avisan de la visita de los abogados. Además, desde Microjusticia se contactan con ONGs barriales y coordinan una visita a la zona para una determinada fecha.

“Detectamos a partir de la experiencia que a los abogados desde el punto de vista profesional no les interesa estar en los barrios con más necesidades. Sólo se acercan los que quieren estafar a la gente u otros que necesitan el trabajo y no saben tanto. Así, los que nos consultan lo hacen porque pasaron por malas experiencias”, afirma Bellocq.

Un trabajo por el interés publico

La Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires brinda atención jurídica gratuita a casos de interés público que, por representar intereses colectivos, proyectan sus efectos en sectores amplios de la comunidad. En la práctica, la Comisión funciona como nexo entre las personas o entidades civiles que requieren servicios y los estudios de la Red Pro Bono.

“La Comisión la conforman una red de 17 estudios jurídicos de primer nivel de la Ciudad. Asesoramos de manera gratuita a más de 200 ONGs y personas individuales cuyos casos plantean una solución a problemáticas que afectan a un colectivo de personas. El compromiso es cumplir 20 horas de trabajo probono por abogado por año”, sostiene Constanza Manfredi, coordinadora de la organización.

Las principales áreas en las que trabaja la Comisión son discapacidad, microfinanzas, transparencia política, niñez en riesgo y educación. A lo largo de sus 10 años de trabajo han tenido éxitos importantes en distintos temas. Entre ellos, lograron que se hicieran públicas las declaraciones juradas de los diputados y realizaron acciones de amparo para que se cumpla con el cupo laboral del 5% para las personas discapacitadas en el gobierno de la Ciudad.

“Nos contactan por mail o teléfono con una consulta inicial sobre el caso que quieren presentar. Tenemos un formulario estandarizado para ingresar el tema. Una vez hecho esto lo circulamos entre los estudios y los interesados en tratarlo se postulan. El compromiso es dar el mismo tratamiento de calidad que le brindan a un cliente privado que abona por el caso”, describe Manfredi.

Asistencia especializada

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) tiene como objetivo principal promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad. Dentro de ella, hay una comisión de servicio jurídico gratuito en materia ambiental que surge a partir de un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Un equipo de 22 profesionales recibe consultas los lunes y jueves de 10 a 12 y asesora a los vecinos de Buenos Aires. Además, realizan visitas a las villas 21 y 24 del barrio de Barracas donde brindan asistencia jurídica a sus habitantes. La mayoría de las preguntas llegan por teléfono y correo electrónico y se trata de que las personas soliciten entrevista previamente para así recibir una mejor atención.

“Recibimos muchas consultas por antenas de telefonía celular, ruidos molestos, falta de evaluación de impacto ambiental en proyectos de infraestructura y temas de contaminación. Las personas llegan con mucha información entrecruzada y nosotros los ayudamos a ordenarla para así ponerlos en la dirección correcta. Siempre tratamos de usar herramientas de negociación y de resolución de conflictos antes de llegar a la acción judicial”, sostiene Gabriela Vinocur, directora del Área de Participación Ciudadana.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lleva adelante desde 1994 un programa de asesoramiento jurídico gratuito en temáticas de derechos humanos. Los martes y viernes de 16 a 18 veinte estudiantes del último año de la carrera de Derecho atienden consultas de ciudadanos argentinos y latinoamericanos. Además, en el 2002 la organización firmó un convenio con la Comisión de Apoyo al Refugiado a partir del cual asisten a inmigrantes y refugiados en trámites migratorios y solicitudes de asilo.

“Se presentó un marco favorable para llevar adelante este trabajo. Las organizaciones de derechos humanos estaban en la necesidad de extender su trabajo a otros sectores y además se incorporó Derechos Humanos como materia obligatoria dentro de la carrera de abogacía por lo que era una buena apuesta tener prácticas en un organismo de derechos humanos”, describe Diego Morales, director del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.

Links de interés
Microjusticia Argentina
Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Centro de Estudios Legales y Sociales